Mientras el Ministerio de Salud busca la fórmula adecuada para hacer más eficientes los procesos del Compin, sólo en 2017 se gastaron US$ 1.800 millones en pago de licencias, de los cuales US$ 570 millones corresponden a licencias médicas injustificadas.
De ahí la importancia que el Compin esté preparado para cumplir a cabalidad su función fiscalizadora, evitando el abuso o el fraude (entre el 30% y 33%).
La burocracia y la sobredemanda impiden que los 150 médicos que deben revisar un promedio de 500 licencias diarias sean efectivos en la fiscalización.
Si bien el 70% de los pacientes que hace uso de una licencia médica realmente la necesita, el 30% restante podría estar incurriendo en un fraude o, a lo menos, haciendo mal uso del subsidio.
Para detectar esta diferencia es que se requiere automatizar los procesos, lo que permitiría que el Compin cumpla de manera exhaustiva con su rol fiscalizador.
La importancia de que el organismo cumpla con ese mandato, es que las licencias fraudulentas le provocan perjuicios a las empresas aún cuando no son éstas las que cubren el sueldo del empleado y, a la larga, causan un menoscabo significativo en el PIB.
Fuentes: Diario Financiero
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